Mujeres: 60 años de sufragio universal en Chile

Por Laura Albornoz Pollmann, ministra del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) El mismo año en que se dicta la Ley de Defensa de la Democracia, el Presidente Gabriel González Videla da carácter de urgencia a la ley de sufragio femenino, siendo aprobada seis meses después, en diciembre de 1948.

LA NACION/ 14 de enero de 2009. Un 14 de enero, pero de 1949, se publica en el Diario Oficial la ley que otorga el derecho a voto a las chilenas mayores de 21 años. Aunque ya en 1874 este derecho se había ampliado a todos los hombres de esa edad, con el único requisito de que supieran leer y escribir, a las mujeres se les pedía más, aunque -o quizás "debido a que", según algunos análisis- ya en 1865 expresaban públicamente sus opiniones políticas a través de El eco de las señoras de Santiago. En 1865 se habla por primera vez sobre el derecho a voto femenino, y lo hace el conservador Abdón Cifuentes, que plantea restringirlo a las mujeres educadas, que en esa época eran mayoritariamente de esa tendencia. El movimiento de mujeres se forma y se agita primero en Chile que en otros países del continente. El año 1875, un grupo en San Felipe y otro en La Serena intentan inscribirse en los registros. La reacción no se hizo esperar, y los juristas opinaron que el voto de mujeres iba en contra del espíritu de la Constitución, y las excluyeron legalmente -en palabras de Martina Barros- "en la honrosa compañía de los dementes ( ), los procesados por crimen o delito que merezca pena aflictiva ( )". A partir de ese episodio, Barros se sumará a la lucha por el sufragio femenino. En 1877 se hace público el llamado Decreto Amunátegui, precedido por sendas solicitudes a favor de la educación superior para las niñas de las educadoras Antonia Tarragó (1872) e Isabel Le Brun (1876). Se posibilita que las mujeres puedan rendir exámenes para optar a títulos universitarios. Como resultado, tuvimos doctoras en Medicina, cuando sólo las había en Inglaterra y Estados Unidos, además de abogadas y otras profesionales. Aun con estos liderazgos, el no-voto femenino sigue poniéndonos a la retaguardia en América Latina. Las razones esgrimidas eran opuestas a las ideas republicanas y escondían los cálculos electorales de todos los sectores políticos, razón por la cual casi nadie se oponía abiertamente, pero la postergación de los proyectos de ley se arrastraba férreamente desde 1917, cuando el diputado Luis Undurraga retoma la iniciativa de Abdón Cifuentes, avanza sobre ella y dice que a las mujeres "les hemos quitado por ley injusta ( ) el más primordial de los derechos de un Estado democrático", y pide reformas al Código Civil y la Ley Electoral. Al año siguiente, sectores feministas reclaman que "se nos hace sentir el peso de las leyes que ellos votan". Desde los años treinta, las organizaciones femeninas empiezan a reivindicar el derecho a voto, que ya no veían como concesión del mundo masculino, sino como un derecho que el Estado debería reconocer, y que les permitiría incidir en los cambios que el país necesitaba y que, a juicio de ellas, tardaban en realizarse. En 1941, el Presidente Pedro Aguirre Cerda presenta al Congreso un proyecto de ley redactado por Elena Caffarena. Los parlamentarios parecían estar de acuerdo con que si la mitad de la población no podía elegir, tampoco podía estar representada; sin embargo, al morir el Mandatario, se impuso un nuevo silencio, hasta un nuevo proyecto en 1945. Y es que en las elecciones parlamentarias de 1945 votaron menos de 420 mil hombres, apenas más del 8% de la población. El ausentismo cívico masculino hizo que algunos temieran que el sustento de nuestro sistema político se tambaleara, y que nuestra imagen como país también lo hiciera. De este modo, ante la necesidad de ampliar las bases de la democracia, empezaron a ver con una mirada diferente aquello de que las chilenas "no estaban preparadas", que "no había que alejarlas del hogar", o que "su voto podría ser manipulado por su marido o su padre". En la aprobación de la ley, jugó un rol la adhesión de Chile en 1938 a la Conferencia Interamericana de Mujeres de la OEA (CIM), nacida para la obtención de los derechos políticos y civiles de las mujeres del continente, y que setenta años después me corresponde presidir, mandato que se extiende hasta 2010. El mismo año en que se dicta la Ley de Defensa de la Democracia, el Presidente Gabriel González Videla da carácter de urgencia a la ley de sufragio femenino, siendo aprobada seis meses después, en diciembre de 1948. Pero no importan las razones cuando logramos esta conquista, que hoy debe consolidarse con una mayor representatividad en los cargos de elección popular, en coherencia con la mayoría que ocupan las mujeres en el padrón electoral, con su correcta actuación cívica, y con los deseos de democracia que ha expresado el país. En consecuencia, esperamos la pronta aprobación de la ley de participación política equilibrada entre mujeres y hombres, la que no ha despegado del primer trámite legislativo, en contradicción con las urgencias democráticas de Chile.